Sentencia A. 1957/23

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1957/23

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Ejecución de títulos valores con origen en un contrato estatal

 

AUTO 1957 DE 2023

 

Referencia: Expediente CJU-3524.

 

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín y la Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia.

 

Magistrado Ponente:

José Fernando Reyes Cuartas.

 

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente:

 

AUTO

I.                  ANTECEDENTES

 

1. El 2 de agosto de 2019[1] la Universidad de Antioquia[2] presentó demanda ejecutiva[3]  contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)[4]. Narró que el 8 de octubre de 2012 las partes celebraron un contrato interadministrativo[5] que tenía por objeto la prestación del servicio de interventoría. Una vez liquidado el contrato, la Universidad de Antioquia expidió la factura de venta 80031991 por la suma de $483.800.000[6], la cual aún no ha sido pagada. En consecuencia, la demandante solicitó que se librara mandamiento de pago contra el SENA por la suma de $483.800.000, derivada de la factura de venta 80031991, más sus respectivos intereses moratorios. También solicitó que se condenara en costas a la entidad demandada.

 

2. Mediante auto del 8 de agosto de 2019[7], el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín libró mandamiento de pago contra el SENA. Posteriormente, en sentencia del 1 de octubre de 2021[8], el Juzgado decidió seguir adelante con la ejecución, condenar en costas a la parte demandada, solicitar a las partes que presentaran la liquidación del crédito y ordenar el avalúo y remate de los bienes que se llegaran a embargar. El SENA presentó recurso de apelación contra esta providencia[9].

 

3. El expediente fue remitido a la Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia para que resolviera el recurso. Mediante auto del 17 de noviembre de 2022[10], el Tribunal declaró la falta jurisdicción y remitió el asunto a los juzgados civiles del circuito de Medellín. Sostuvo que la jurisdicción de lo contencioso administrativo carece de competencia respecto de “la ejecución de títulos valores constituidos por facturas cambiarias pese a que tengan origen en un contrato celebrado por una entidad estatal”. Lo anterior, en virtud de dos decisiones del Consejo Superior de la Judicatura[11], el artículo 297.3 del CPACA y el artículo 619 del Código de Comercio, que se refiere a la autonomía de los títulos valores.

 

4. Efectuado el nuevo reparto, el expediente fue remitido al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Oralidad  de Medellín, el cual promovió el conflicto negativo entre jurisdicciones mediante auto del 25 de enero de 2023[12]. El despacho afirmó que la factura de venta cuya ejecución se pretende tiene relación con el contrato interadministrativo celebrado entre las partes. Así, de conformidad con los Autos 403 y 1027 de 2021 de esta Corte, el Juzgado concluyó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo era la competente para conocer de la demanda ejecutiva.

 

5. Finalmente, de acuerdo con el reparto efectuado el 23 de mayo de 2023, el proceso se remitió al despacho del magistrado sustanciador el 26 de mayo siguiente[13].

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

Competencia

 

6. De conformidad con el artículo 241.11 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones.

 

Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

7. Esta corporación ha advertido que para que se configure un conflicto de jurisdicciones es necesario que se cumplan los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo, tal y como han sido definidos de manera reiterada por este tribunal[14]. En el caso de la referencia se satisfacen los anteriores presupuestos:

 

 

Competencia para conocer los procesos ejecutivos con base en títulos valores derivados de contratos estatales. Reiteración de jurisprudencia[15]

 

8. En el Auto 403 de 2021, la Corte conoció de un conflicto de jurisdicciones suscitado en el marco del proceso ejecutivo para el cobro de unas facturas cambiarias aceptadas por una ESE, a raíz de un contrato de suministro. Al respecto, advirtió que se trataba de un proceso ejecutivo derivado de un aparente incumplimiento contractual atribuido a la entidad pública en el marco del contrato estatal que las vinculaba, de conformidad con (i) el artículo 104.2 del CPACA, el cual establece que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de los procesos “relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública (…)” y (ii) el artículo 104.6 del CPACA, que indica que la referida jurisdicción también conoce de los procesos “ejecutivos (…) originados en los contratos celebrados por esas entidades”.

 

9. La Corte expuso que cuando se trate de las mismas partes que suscribieron el negocio jurídico, la jurisdicción competente para dirimir la controversia de naturaleza ejecutiva será la misma que conoce de las demás controversias derivadas del contrato que le dio origen a la creación o transferencia del respectivo título valor[16]. Así, estableció como regla de decisión que “cuando (i) una entidad estatal (ii) incorpore derechos en títulos-valores (iii) en el marco de sus relaciones contractuales, y (iv) quien fue parte en ese contrato (v) la demande para hacer efectivo el pago del derecho incorporado, (vi) la jurisdicción competente será la de lo contencioso-administrativo, (vii) por tratarse de controversias derivadas del contrato estatal”.

 

Caso concreto

 

10. En el caso objeto de estudio se evidencia que la Universidad de Antioquia pretende la ejecución de la factura de venta 80031991, que fue expedida en el marco de un contrato interadministrativo suscrito con el SENA para la prestación del servicio de interventoría. Como la controversia deriva de la relación contractual entre entidades públicas, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente en virtud de los artículos 104.2 y 104.6 del CPACA.

 

11. Así las cosas, la Corte reiterará el Auto 403 de 2021 y remitirá el expediente CJU-3524 a la Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia. Esa autoridad deberá comunicar la presente decisión a los interesados en el trámite judicial y al juez civil involucrado en el conflicto.

 

III.                DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE:

  

Primero: DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre la Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín, en el sentido de DECLARAR que la Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia es la autoridad competente para conocer de la demanda ejecutiva presentada por la Universidad de Antioquia contra el SENA.

 

Segundo: REMITIR por medio de la Secretaría General de esta corporación el expediente CJU-3524 a la Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados dentro del trámite judicial y al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín.

 

 Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

Ausente con permiso

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

---